La inobservancia a la normatividad apareja consecuencias que se traducen en faltas administrativas e incluso en delitos del orden penal, cuyas penas se han endurecido a raíz del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que al ejercer el recurso público sin apegarse a la norma que lo regula apareja que este recurso no cumpla con su objeto social, lacerando a la sociedad al privarle de ese derecho.

Por ello, el incumplimiento normativo se castiga con sanciones que van desde una Amonestación hasta la Destitución e Inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como a penas de prisión y a la reparación del daño ocasionado.